Por: Gerardo Jair Jaime González
Ante la imperante necesidad de solidificar las bases de la investigación criminal, en los últimos años se han llevado a cabo importantes reformas constitucionales y normativas. Sin embrago, a pesar de estos cambios, las instituciones de procuración y administración de justicia no están dando los resultados que se esperaban en esencia. Posterior a la iniciación del sistema de justicia penal acusatorio, las procuradurías y fiscalías tanto estatales como la federal, ya presentan niveles de rezago, lo que apoya en gran parte a iniciar con la impunidad.
De acuerdo con datos del estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo [CIDAC], en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación en el país (todas estas de manera local, es decir en las entidades federativas que conforman nuestro país). En el 49.6% de los casos el ministerio público decidió no mandar el caso al juez y tomar por su cuenta una determinación.
Lo anterior quiere decir que 6 de cada 10 carpetas de investigación fueron enviadas a lo que se denomina “archivo temporal”, es decir, que el caso se decide congelar en el escritorio.
De manera general el archivo temporal, tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay elementos para esclarecer los hechos o no se cuenta con los indicios suficientes para avanzar en este.
Posterior a la reforma de 2008, en las instituciones de administración y procuración de justicia se destinaron recursos y se llevaron a cabo procesos de formación y reorganización institucional para avanzar hacia una estrategia laboral que atendiera las exigencias del sistema acusatorio. Pero, estas labores se realizaron de manera remota, sin un adecuado proceso de planeación, lo que culminó en una evolución poco útil en la implementación de la reforma constitucional.
La pésima actuación de las fiscalías y procuradurías para responder a delitos de alto impacto y la incapacidad para atender a las exigencias, ya no únicamente sociales, sino las propias exigencias del sistema penal acusatorio dieron como resultado en la necesidad de dar un giro de 180° a la procuración de justicia, lo que resulto en la reforma de 2014.
Sin embargo, la realidad a trece años de la reforma procesal penal y a casi siete de la aprobación de la reforma constitucional para pasar de una procuraduría a una Fiscalía General de la República autónoma, no se ha tenido un consenso a fondo sobre el “nuevo” modelo de procuración y administración de justicia indispensable para alcanzar el éxito en sus obligaciones de investigación y persecución de los delitos.
El tópico ha sido estudiado desde distintos puntos de vista y los resultados de todos concuerdan en la relevancia de garantizar autonomía e independencia a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, así como de promover procesos transparentes y legítimos de elección de los fiscales que estarán al frente de estas.
En los últimos años se han llevado a cabo muchos diagnósticos y creado propuestas para construir bases sólidas de una estrategia de procuración y administración de justicia, inclusive uno elaborado por el ex procurador de la república, Raúl Cervantes, donde resalta la necesidad de cambiar estructuralmente de fondo las Procuradurías y Fiscalías.
La sociedad civil desde su trinchera, en específico el Colectivo “Fiscalía Que Sirva” desarrollo una investigación ciudadana en la que su principal propuesta es realizar una reforma constitucional, para establecer procedimientos distintos para la asignación y remoción de servidores públicos en las diferentes áreas de la Fiscalía General de la República, de igual forma buscan cambiar la estructura organizacional de esta dependencia.
Así mimos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), a iniciativa de la extinta Procuraduría General de la República, realizaron una Consulta Nacional, con la que buscaban conocer el punto de vista social para avanzar a una reestructuración institucional a nivel federal en materia de procuración y administración de justicia[1].
Los resultados de dicha Consulta, pone en evidencia la falta de una visión integral que conjunte la seguridad y justicia, resalta los problemas estructurales de las procuradurías y fiscalías, y apunta a una propuesta en un modelo de investigación y persecución de los delitos, así como un modelo de gobernanza institucional.
Además de las propuestas anteriores, México Evalúa y CIDAC, realizaron una serie de propuestas para un modelo homologado de investigación criminal, tomando como punto de partida el cimiento más fuerte de la operación: el trabajo en equipo en la investigación.
Estas propuestas, evidencian la necesidad de que las procuradurías y/o fiscalías caminen y alcancen estructuras empáticas que respondan a las demandas sociales, buscando estrategias para la priorización y olviden la especialización rígida y ególatra que hasta el día de hoy las caracteriza, es decir, que dejen atrás la individualización del trabajo que lo único que logra es que los esfuerzos de la investigación se centren a un tipo penal, dejando a un lado la posibilidad de adaptación al contexto criminal de cada región del país y a la complejidad de los casos.
El modelo de investigación actual solo ha creado estructuras burocráticas poco eficientes, que lo único que han logrado es que las personas pierdan el interés de denunciar algunos delitos, además de que se complica la coordinación y comunicación interinstitucional. Si se actuara de manera conjunta y en equipo en la investigación, se podría conformar grupos de trabajo conocidos como células, que, estableciendo adecuadas líneas de investigación, constituirían un eje rector en el diseño de un nuevo modelo de investigación en la procuración y administración de justicia.
Lamentablemente, a nivel local, en algunos estados lo que ha pasado al “evolucionar” de una procuraduría a una fiscalía es que se han cometido “fraudes de etiquetas”, ya que se trata únicamente de un cambio de nombre. Para cambiar realmente, se tendrían que cambiar normatividades y procedimientos, así como estructuras y áreas de trabajo, es decir que funcionen de manera distinta a como lo han venido haciendo durante años, y no únicamente cambien de nombre por atender a un mandamiento constitucional.
Por lo tanto, un cambio real y visible conlleva no sólo un rediseño normativo que sea sólido, sino también una reestructuración y un diseño integral de la institución.
El diagnostico de México Evalúa-CIDAC, están de acuerdo en que los criterios para seleccionar al fiscal, así como la autonomía y dependencia de la institución, son primordiales para asegurar la procuración y administración de justicia de un real Estado de Derecho; sin embargo, estas no son las únicas variables que se deben de considerar para garantizar una adecuada persecución de los delitos, principalmente aquellos de alto impacto en nuestro país. El cambio a Fiscalías autónomas debe de considerar una reestructuración de todas las áreas que conforman estas instituciones.
La principal problemática que llevó a la transformación de los modelos de “procuradurías”, fue que la estructura funcional de estas dependencias implica una innecesaria y obsoleta burocratización de la justicia. La principal característica de esta práctica es la prevalencia de procesos escritos y la homogeneidad de los mecanismos internos de la institución, sin embargo, esto es el resultado de la inercia de trabajo de un sistema inquisitivo mixto y esto dificulta la toma de decisiones y la investigación adecuada de los delitos.
Las instituciones de procuración y administración de justicia no poseen los criterios homologados de operación que cumplan con la esencia del sistema acusatorio, no se cuenta con un plan de desarrollo institucional que ayude a responder y crear una política de prevención y persecución de los delitos, que permita analizar y dirigir los recursos disponibles. Como consecuencia de todo esto, hoy en día tenemos instituciones incapacitadas para resolver las exigencias que están obligadas a cumplir, lo que ha puesto al descubierto su inoperancia para resolver los casos que más afectan a la sociedad.
Por todo lo anterior descrito, una verdadera evolución estructural de la procuración y administración de justicia está a expensas de una premisa mayor: la formación efectiva de una política de combate a la criminalidad que traspase las procuradurías y fiscalías y adopte los desafíos de seguridad y justicia desde una visión sistémica.
Concluyendo así que es necesario estructurar un modelo de procuración y administración de justicia que establezca una estrategia de priorización y permita localizar y enforcar los recursos humanos, materiales y contables para el fortalecimiento de las instituciones y que estas funcionen de manera adecuada para el combate a los diversos tipos de delitos.
[1] Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2017.Disponible en <https://www.cide.edu/>. [Consulta el 20 de agosto, 2020].
