Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o
ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra
las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal,
secreto e intransferible.
En México, la democracia se enfrenta a múltiples desafíos, entre ellos, los
delitos electorales. Estos actos ilícitos no sólo amenazan la integridad del
proceso electoral, sino que también socavan la confianza pública en las
instituciones democráticas. A medida que nos acercamos a las elecciones
federales, es crucial entender el contexto, la legislación vigente y el panorama
actual para poder proteger y fortalecer nuestra democracia.
México ha avanzado significativamente en la organización de elecciones libres
y justas. Sin embargo, los delitos electorales han persistido como un problema
recurrente. Estos delitos abarcan una amplia gama de acciones ilegales que
van desde la compra de votos hasta la manipulación de resultados y la
intimidación de votantes.
Uno de los casos más emblemáticos fue la elección presidencial de 1988,
marcada por denuncias de fraude electoral. Este evento catalizó reformas
importantes en el sistema electoral mexicano, como la creación del Instituto
Federal Electoral (IFE), ahora conocido como Instituto Nacional Electoral (INE),
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La legislación mexicana ha evolucionado para enfrentar estos desafíos. La Ley
General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), promulgada en 2014,
establece un marco jurídico para prevenir y sancionar los delitos electorales.
Esta ley define una serie de conductas ilícitas y sus respectivas sanciones,
abarcando tanto a ciudadanos, como a funcionarios públicos y candidatos.
Entre los delitos electorales más comunes se encuentran:
Votar más de una vez en una misma elección.
Impedir, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de
una casilla electoral.
Obstaculizar o impedir el traslado y entrega de los paquetes y
documentos públicos electorales.
Compra y coacción del voto. Ofrecer dinero o bienes a cambio del voto o
coaccionar a los ciudadanos para que voten de una determinada
manera.
Alteración del Registro Federal de Electores. Manipular los datos del
padrón electoral para influir en los resultados.
Destrucción o Retención de Credenciales para Votar para impedir que
los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Propaganda Gubernamental durante la veda electoral.
La LGMDE contempla también la violencia política en contra de las mujeres
protegiendo a aquellas que contienden por un cargo público y a las votantes,
asegurando así la participación de las mujeres en la construcción de una
sociedad democrática y justa, con perspectiva de género.
El INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) son los
organismos encargados de supervisar y sancionar conductas. La FEPADE, en
particular, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos
electorales.
Con las elecciones federales en el horizonte, el panorama político en México se
presenta complejo. Las próximas elecciones incluirán la renovación del
Congreso y la Presidencia, y la competencia será intensa. Este contexto
aumenta la probabilidad de que se intenten cometer delitos electorales.
El INE ha implementado diversas medidas para prevenir y detectar estas
prácticas ilícitas. Entre ellas, se destacan:
Monitoreo de Redes Sociales: Vigilancia de las plataformas digitales
para identificar propaganda ilegal y actos de coacción del voto.
Capacitación Ciudadana: Programas de educación cívica para informar
a los votantes sobre sus derechos y cómo denunciar irregularidades.
Colaboración Internacional: Intercambio de experiencias y mejores
prácticas con organismos electorales de otros países para fortalecer la
integridad del proceso.
A pesar de estos esfuerzos, el contexto socioeconómico y político del país
presenta retos significativos. La desigualdad y la pobreza son factores que
facilitan la compra de votos y la coacción. Además, la polarización política
puede exacerbar las tensiones y conducir a un aumento en los intentos de
fraude electoral.
La participación ciudadana es crucial para combatir los delitos electorales. Los
ciudadanos deben estar informados y ser activos en la vigilancia del proceso
electoral. Denunciar cualquier irregularidad es fundamental para garantizar
elecciones justas y transparentes.
En este sentido, el papel de las organizaciones civiles y los observadores
internacionales también es vital. Estas entidades proporcionan una supervisión
independiente y pueden ejercer presión sobre las autoridades para que
cumplan con sus responsabilidades.
Los delitos electorales representan una amenaza seria para la democracia en
México. Aunque la legislación ha avanzado y los organismos encargados de
supervisar el proceso electoral han mejorado sus capacidades, la lucha contra
estos delitos requiere un esfuerzo constante y coordinado. A medida que nos
acercamos a las elecciones federales, es esencial que todos los actores
involucrados, desde las autoridades hasta los ciudadanos, trabajen juntos para
proteger la integridad del voto y fortalecer nuestra democracia.
Fuente y sitio de interés:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf
