El decreto es un acto administrativo promulgado por el poder Ejecutivo o Legislativo con contenido normativo reglamentario que no se somete al órgano legislativo, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.
De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para promulgar decretos el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores.
El decreto pretende hacer frente a una situación urgente y establecer cómo actuar y las normas y reglas a seguir en dicha situación. Mientras que la ley establece lo que debe hacerse o no, el decreto indica cómo debe llevarse a cabo.
Una iniciativa de ley o un decreto es un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo.
Durante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México, que inició sus funciones el 1 de septiembre de 2018 y concluyó el 31 de agosto de 2021, se aprobaron 10 decretos.
Los decretos aprobados se refieren a modificaciones a la constitución, a la creación de nuevas leyes, a las reformas de leyes en vigor y aquellos de corte declarativo o conmemorativo, los cuales ya concluyeron su etapa procedimental y han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Los decretos suelen provenir del poder ejecutivo (no exclusivamente), mientras que las leyes son fruto de la legislación. Los decretos nacen de cierto sentido de la necesidad y urgencia, mientras que las segundas del consenso y el debate. Ningún decreto puede contravenir las leyes constitucionales.
El artículo 70 de la Constitución prevé que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. De tal forma, constitucionalmente se establece la diferencia entre una y otra: la ley es un precepto o disposiciones con la característica de generalidad, abstracción y obligatoriedad, mientras que el decreto es un precepto de disposiciones de carácter particular, es decir, relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. Sin embargo, el procedimiento para la creación de un decreto es igual al que se realiza para una ley.
De modo que, para que un decreto adquiera el rango de ley y su cumplimiento sea obligatorio, deberá ser ratificado por el legislativo, ya que este poder es el encargado de la administración de las leyes de una nación.
Información obtenida del Sistema Nacional de Información Legislativa.