En México, la Constitución es la piedra angular del sistema jurídico, y las leyes deben estar en armonía con ella para ser consideradas válidas y aplicables. Sin embargo, en ocasiones, se promulgan leyes que entran en conflicto con los principios y derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna. En tales casos, es posible impugnar y declarar la inconstitucionalidad de una ley.
La figura de acción de inconstitucionalidad surge en México con la Reforma Constitucional de 1994. El 31 de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas a varios artículos constitucionales y se registraron cambios sustanciales y se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se han identificado probables antecedentes de acción de inconstitucionalidad que se remontan al Acta de Reformas de 1847. El origen de esta figura se basa en el modelo europeo concentrado de control constitucional donde se contemplan los procedimientos para declarar la inconstitucionalidad de las nuevas leyes.
Las siguientes acciones son razones para impugnar una ley:
- Violación de derechos fundamentales
Una de las principales razones para declarar la inconstitucionalidad de una ley en México es si ésta viola los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Si una ley restringe injustificadamente la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la libertad religiosa o cualquier otro derecho fundamental protegido en la Constitución, se puede argumentar que dicha ley es inconstitucional.
- Procedimiento legislativo defectuoso
Otro motivo para impugnar la constitucionalidad de una ley es si el procedimiento legislativo seguido para su aprobación fue defectuoso. En México, existen reglas y requisitos específicos que deben cumplirse durante el proceso legislativo para garantizar una deliberación adecuada y la participación de todos los actores relevantes. Si se demuestra que una ley fue aprobada sin seguir correctamente estos procedimientos, puede considerarse inconstitucional y ser anulada.
- Invasión de competencias constitucionales
El sistema jurídico mexicano se basa en la división de poderes entre la federación, los estados y los municipios. Cada nivel de gobierno tiene competencias y atribuciones específicas. Si una ley excede el ámbito de competencia legislativa de un nivel de gobierno o invade las atribuciones de otro, puede ser impugnada por inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano encargado de resolver este tipo de controversias y puede declarar inválida una ley que invada competencias constitucionales.
- Inconsistencia con tratados internacionales
México es parte de diversos tratados internacionales que garantizan derechos humanos y establecen obligaciones para el Estado mexicano. Si una ley contradice o entra en conflicto con los principios y disposiciones de un tratado internacional debidamente ratificado por México, se puede argumentar su inconstitucionalidad. La Constitución mexicana establece que los tratados internacionales son ley suprema del país, por lo que cualquier ley contraria a ellos puede ser invalidada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció siete características de la acción de inconstitucionalidad:
- Se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una de la Ley Fundamental.
- Puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos y el 33%, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.
- Supone una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice en abstracto la constitucionalidad de una norma.
- Se trata de un procedimiento.
- Puede interponerse para combatir cualquier tipo de normas.
- Sólo procede por lo que respecta a normas generales.
- La sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada, por lo menos, por 8 Ministros.
La acción de inconstitucionalidad refuerza el respeto que debe rendirle cualquier legislador a la Constitución. Los legisladores están obligados a observar el principio de supremacía constitucional antes de expedir cualquier norma general.
La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un mecanismo esencial para garantizar que las leyes mexicanas estén en armonía con los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución y se establezca así un Estado de Derecho.
Fuente y sitio de interés:
¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, segunda edición, mayo de 2004.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/51297_pd_0.pdf
